La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el sábado 19 de abril una orden que bloquea temporalmente la deportación de migrantes venezolanos detenidos en Texas, quienes son acusados por la administración Trump de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Esta acción se fundamenta en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra raramente utilizada.

La decisión del alto tribunal se produjo tras una solicitud de emergencia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que argumentó que los migrantes enfrentaban una expulsión inminente sin la revisión judicial adecuada, contraviniendo una directriz previa de la misma Corte. En una breve orden no firmada, la Corte indicó que “el Gobierno tiene prohibido remover a cualquier miembro del grupo de detenidos hasta nueva orden de esta Corte”. Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su disenso.

La administración Trump ha defendido su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua, a quienes considera una amenaza terrorista. Sin embargo, abogados y familiares de los detenidos cuestionan estas acusaciones, alegando falta de pruebas y violaciones al debido proceso.

En marzo, más de 130 venezolanos fueron deportados a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a pesar de que algunos no tenían antecedentes penales ni vínculos comprobados con pandillas. Uno de los casos más notorios es el de Kilmar Abrego García, quien fue deportado erróneamente y permanece detenido en El Salvador, a pesar de una orden judicial que exige su retorno a EE. UU.