La administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus políticas migratorias, implementando deportaciones masivas que han resultado en un incremento significativo en las detenciones de presuntos terroristas. Según datos oficiales, en los primeros 50 días de su segundo mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 39 individuos identificados como presuntos terroristas o con vínculos con organizaciones extremistas, lo que representa un aumento del 655 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Estas detenciones se enmarcan dentro de la Operación Safeguard, una iniciativa lanzada el 21 de enero de 2025 con el objetivo de detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados, especialmente en ciudades santuario que limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración. La operación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de detención y la falta de transparencia en los procesos legales.
Además, el gobierno de Trump ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a inmigrantes acusados de pertenecer a organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Esta ley, que solo se ha invocado en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, permite la deportación sin juicio previo, lo que ha generado controversia y protestas tanto a nivel nacional como internacional.
En respuesta a estas políticas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó la suspensión provisional de las deportaciones basadas en esta ley, argumentando que su aplicación podría violar los derechos constitucionales de los inmigrantes. Sin embargo, la Casa Blanca ha solicitado al tribunal que revoque esta suspensión para continuar con las deportaciones.
El impacto de estas medidas ha sido significativo en comunidades migrantes, que enfrentan un clima de incertidumbre y temor debido a las políticas de deportación acelerada y la falta de garantías legales. Organizaciones de derechos civiles y líderes políticos continúan expresando su preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos y las libertades civiles en el país.
Fuentes:
- Actualidad RT
- France 24
- Diario AS
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