En un suceso que ha generado gran controversia, Texas ejecutó mediante inyección letal a un hombre de 41 años, de origen hispano, quien había sido condenado por el asesinato de una mujer en 2004. La ejecución se llevó a cabo en la prisión estatal de Huntsville, Texas, y pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.
El condenado, identificado como Juan García, fue sentenciado a muerte tras ser hallado culpable del asesinato de Mary Jiménez, una mujer de 34 años, en un caso de violencia doméstica que conmocionó a la comunidad local. Durante el juicio, García alegó que su acción fue producto de un brote de ira y celos, pero el jurado lo consideró responsable de la muerte de Jiménez.
García había pasado 21 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado. Su ejecución fue programada después de varios intentos de apelaciones fallidas, lo que significa que su condena fue ratificada a lo largo de los años por diferentes tribunales. Los defensores de los derechos humanos y organizaciones que se oponen a la pena de muerte han denunciado este tipo de ejecuciones, argumentando que no se puede justificar la vida de un ser humano como retribución por sus actos, y apelan a la abolición de la pena capital en el estado.
El caso de García es solo uno de los muchos en Texas, un estado que ha sido uno de los más activos en cuanto a ejecuciones desde que se reinstauró la pena de muerte en los años 80. Mientras tanto, en el resto del país, varios estados han suspendido o abolido esta práctica, generando un contraste en la manera en que la justicia penal se aplica en los Estados Unidos.
La ejecución de García fue la número 573 desde que Texas retomó la pena de muerte en 1982, y resalta una vez más las tensiones entre los partidarios y opositores de la pena capital en la nación.
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