El gobierno de Venezuela ha publicado un decreto que declara un Estado de Conmoción Exterior tras la ofensiva militar liderada por Estados Unidos, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Este decreto, refrendado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo y amplía las facultades de los cuerpos de seguridad para hacer frente a lo que el gobierno califica como una agresión extranjera.
Qué establece el decreto
El texto oficial, publicado en la Gaceta Oficial, declara un Estado de Conmoción Exterior con vigencia inicial de 90 días, prorrogables por un periodo igual. Bajo este marco, el documento concede facultades extraordinarias al gobierno para:
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Mobilizar y militarizar sectores estratégicos de la economía, como servicios públicos y la industria petrolera.
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Suspender temporalmente ciertos derechos constitucionales, como la reunión y la manifestación pública.
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Requisar bienes considerados necesarios para la “defensa nacional”.
Pero una de las medidas más polémicas es la orden directa de búsqueda y captura de cualquier persona que promueva, respalde o colabore con el ataque estadounidense.
El decreto instruye a las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales a iniciar la detención inmediata de sospechosos de apoyo a la ofensiva que derrocó a Maduro, algo que el gobierno venezolano ha definido como un ataque armado externo.
📌 ¿Qué significa legalmente este estado de conmoción?
La Constitución venezolana contempla figuras como el estado de excepción y de conmoción exterior en situaciones que “amenacen gravemente la seguridad de la nación o el funcionamiento de sus instituciones”. Sin embargo, esta es la primera vez que se aplica la figura del Estado de Conmoción Exterior desde la promulgación de la carta magna en 1999, lo que refleja la gravedad del momento político and el impacto institucional de los eventos recientes.
¿Por qué se activa esta medida?
El decreto coincide con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en una operación que ha dividido opiniones a nivel internacional y ha generado tensiones políticas y legales. El gobierno venezolano afirma que se trata de una injerencia externa ilegítima y ha denunciado una vulneración de su soberanía, argumentando que la acción viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
Implicaciones internas
Los críticos señalan que, más allá del marco legal invocado, la medida tiene un potencial de represión política. Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación porque el decreto pueda utilizarse para silenciar voces críticas, opositores políticos o ciudadanos independientes que no necesariamente hayan tenido relación con la operación estadounidense, pero que sean acusados de alguna forma de “colaboración”.
La orden de arresto amplia la definición de apoyo: no solo acciones directas, sino también la promoción, difusión y respaldo político a la ofensiva, lo que abre interrogantes sobre libertad de expresión y garantías procesales.
Repercusiones internacionales
La activación de este estado de conmoción se produce en un contexto de alta tensión regional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido escenario de fuertes denuncias contra Estados Unidos por parte de países como Brasil, China, Rusia y Sudáfrica, que califican la operación de “crimen de agresión” y una violación de la soberanía venezolana.
Por otro lado, funcionarios estadounidenses han insistido en que sus acciones obedecen a un marco de aplicación de la ley contra actividades criminales transnacionales y narcotráfico, aunque la magnitud y naturaleza de la operación han sido objeto de intenso debate legal y político.
¿Qué representa para Venezuela?
El decreto de Conmoción Exterior y las órdenes de arresto reflejan que Venezuela se encuentra en un momento crítico de su orden constitucional y político, en el que el Ejecutivo busca consolidar control interno mientras enfrenta una crisis de legitimidad y reclamos de soberanía. El impacto de estas medidas dependerá en gran medida de cómo se apliquen y de la capacidad de los venezolanos para ejercer sus derechos en un contexto de alta tensión.
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